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Bajo la rúbrica de nulidad de pleno derecho, el artículo 62 de la LRJAPPAC establece los casos en que un acto administrativo merece tal consideración. Eltítulo del capítulo IV, en el que están encuadradas la nulidad y la anulabilidad, se refiere, precisamente, a estos dos conceptos: nulidad y anulabilidad. 

Es sabido, ya lo hemos analizado con anterioridad, que la sanción más grave en que pude incurrir un acto administrativo es la nulidad, o invalidez absoluta o radical. Supuesto que se ha pretendido asociar a la inexistencia de acto a o la imposibilidad de que dicho acto haya producido efectos en algún momento. Se reserva, en cambio, el nombre de la anulabilidad, o invalidez relativa, para aquellos vicios menores en que puede incurrir un acto por los que ni el acto deja de producir efectos ni puede considerarse inexistente: son los casos de cualquier infracción del Ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder, que son los supuestos más frecuentes de invalidez de actos administrativos. Suele considerarse que en los supuestos de invalidez absoluta, o nulidad, la magnitud del vicio es de tal calibre que dicho acto no ha podido ser capaz de producir efectos jurídicos dada la naturaleza de la invalidez. 

Sin embargo, en tantas ocasionesse declara la nulidad al cabo de un tiempo durante el cual realmente el acto ha producido efectos que la nulidad no puede eliminar total y absolutamente por obvias razones. Segun la opinión de Alberto Caminero Lobera la infracción del Ordenamiento jurídico puede determinar que el acto no produzca sus efectos normales —invalidez— o que produciendo sus efectos normales, se produzcan otros anormales —irregularidad—. 

Los actos irregulares, en lo que se producen estas infracciones, son actos que producen los efectos ordinarios, normales, que pueden determinar otros efectos anormales como puede ser la exigencia de responsabilidad al titular del órgano que dictó dicho acto. Son actos que incurren en vicios denominados transgresiones improcedentes, irregularidades no invalidantes, vicios irrelevantes, o vicios inoperantes. Esta figura de la irregularidad no invalidante está reconocida en el artículo 63.2 y 3 LRJAPPAC cuando dispone que “2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a indefensión de los interesados. 3. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”. Es decir, en estos casos nos encontramos ante actos administrativos con defectos formales que, según la opinión de Alberto Caminero Lobera, sólo provocan la anulabilidad del acto cuando su presencia impide determinar si el acto es materialmente conforme a derecho en el fondo. 

Según esta división, nos encontramos con invalidez, que puede ser absoluta o relativa, y con irregularidad. En el primer caso, se impide la producción de los efectos normales y típicos y en el segundo, se producen los efectos ordinarios y, además, alguno o algunos especiales 

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