Para nadie es un secreto que la crisis económica hizo de las suyas y dejó a muchas personas comprometidas, este hecho es especialmente cierto cuando se detallan los números de las pequeñas empresas y los autónomos. Es en este preciso momento que los servicios de empresas sobre gestión de crisis se hacen relevantes.
Según las últimas estadísticas, hay aproximadamente 2,3 millones de personas que se encuentran sobreendeudadas y los concursos de acreedores llegan tan sólo a los 2000 procedimientos. Al contrastar este número con los 100.000 que se realizaron en Alemania, esto sólo demuestra que en España existen pocas personas que se sienten dispuestas a empezar de nuevo.
Sin embargo, esto no tiene que ser así. Existen una serie de herramientas que se pueden utilizar para gestionar estas crisis, que funcionan muy bien bajo una adecuada orientación, tales como el preconcurso o el concurso acreedores.
Preconcurso de acreedores
Este procedimiento se encarga de ganar suficiente tiempo para que los negocios o personas en crisis puedan refinanciar sus deudas o negociarlas, para continuar con sus actividades comerciales sin necesidad de declarar el concurso de acreedores o realizar ejecuciones.
La finalidad de este trámite legal es encontrar el apoyo necesario para devolver el estatus de solvencia a la entidad en cuestión, así como proteger al administrador de la empresa. Además, hay una serie de beneficios que se encuentran intrínsecamente ligados a la realización del preconcurso de acreedores.
Órganos de gobierno
Cuando la empresa no es intervenida por un administrador concursal, como es este el caso, los órganos de gobierno y la responsabilidad de las decisiones ejecutivas se mantienen dentro de la capacidad interna de los empresarios, por lo que hay completa independencia y posibilidad de maniobrabilidad.
Protección legal y privacidad
Uno de los aspectos más importantes del preconcurso, es la protección ante la solicitud de concurso, necesaria por parte de los acreedores. Además, el proceso puede ser realizado bajo un cierto velo de privacidad cuando es solicitado por el secretario judicial.
Rápido y efectivo
A diferencia del concurso de acreedores, este proceso toma un tiempo aproximado de tres o cuatro meses de duración, para acuerdos de refinanciación. Sin embargo, de no llegar a un acuerdo durante este tiempo se pueden ejercer otras acciones.
Paralización de las ejecuciones
Mediante este proceso, los bienes y derechos necesarios para seguir ejerciendo la actividad profesional o comercial, se encuentran protegidos de las ejecuciones durante el tiempo que dura este proceso.
Eficiencia económica
Los gastos son mucho menores cuando se realiza un preconcurso, ya que los costes de procurador y letrado son mucho menores, así como no hay necesidad de cubrir los pagos del administrador concursal.
Concurso de acreedores
Aunque muchas personas evitan ver esta opción como posible, la realidad es que puede servir para algunas empresas que necesitan liquidez. Sin embargo, no necesariamente hay que descartarla o evitar pensar en ella hasta el final, ya que puede ser útil cuando se recurre a ella en etapas tempranas.
A partir de este procedimiento judicial, existen dos variaciones del procedimiento, el concurso de acreedores voluntario y necesario, siendo el segundo cuando lo solicita el acreedor y el más aplicado sin necesidad en muchos casos.
Por su parte, el concurso de acreedores voluntario puede realizarse en el plazo de los dos meses siguientes desde que se recibe el conocimiento de la insolvencia, lo cual ofrece muchas más ventajas que caer en el proceso necesario.
Suspensión de créditos
Cuando se realiza el procedimiento de forma voluntaria, los créditos son congelados o suspendidos durante el proceso de la negociación con los distintos bancos y los proveedores, para encontrar un punto medio en el que pueda encontrarse la viabilidad de la empresa, lo cual incluye esperas y tiempos indefinidos.
No se pierde la gestión administrativa por completo
En el concurso necesario, la facultad del administrador se pierde por completo y la gestión queda en manos de la administración concursal, mientras que el concurso voluntario permite que ciertas funciones todavía queden en manos de los empresarios.
Protección legal
La administración de la compañía debe ejercer acciones cuando se tiene conocimiento de la situación de insolvencia, de otro modo es posible que enfrenten responsabilidades legales y económicas importantes, que podrían inhabilitar al empresario para formar parte del consejo de administración o condenarlo a los daños y perjuicios ocasionados por la empresa, así como obligarlo a cubrir el déficit patrimonial pendiente.
