Internet es la principal vía de promoción, comercialización y venta de muchas compañías, que aprovechan su gran alcance para llegar a públicos en todas las partes del planeta. Esto lo saben muy bien los gobiernos de todo el mundo y por eso siempre están impulsando iniciativas legislativas para proteger a ese público de eventuales abusos comerciales. El mejor ejemplo son la DSA y la DMA.
Con el nacimiento de internet, también surgieron casi de inmediato, las relaciones comerciales dentro de un mundo digital totalmente nuevo para todos, y con ellas, las estafas y los abusos en perjuicio de los consumidores. Al principio, no había regulaciones de ningún tipo para vigilar las correspondientes transacciones, pero por suerte, eso ha venido cambiando progresivamente, para bien de todos.
A medida que crece el sistema y se perfeccionan los intercambios mercantiles, se crean legislaciones más sofisticadas para proteger a los consumidores. Casos muy concretos son las iniciativas que impulsa la Comisión Europea, como la DSA y la DMA, creadas recientemente para controlar las actividades digitales que se dan entre consumidores, servicios y bienes.
Estas normativas legales buscan reforzar la seguridad de los consumidores que utilizan internet para comprar o adquirir algún bien o servicio, y fortalecer la transparencia de las plataformas que se usan constantemente en todo el planeta. También tienen por propósito regular las actividades de las grandes corporaciones tecnológicas.
Estos dos paquetes legislativos contemplan una serie de normas que anteriormente no estaban contempladas en ninguna legislación, las cuales tienen por finalidad hacer de internet un lugar más seguro para realizar cualquier transacción comercial.
Características principales de la DSA
La Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés de Digital Services Act) establece de forma explícita las responsabilidades de los servicios digitales, entre los que se incluyen redes sociales y plataformas digitales de marketplaces y e-commerce.
Este instrumento jurídico procura proteger los derechos esenciales de los usuarios digitales de los países miembros de la Unión Europea (UE) y equiparar las normas competitivas para todas las plataformas digitales.
Sus objetivos son muy claros:
- Reforzar la protección online de los consumidores y sus derechos.
- Fortalecer las políticas de equidad y transparencia.
- Establecer un marco legal para una rendición de cuentas clara de los portales digitales.
- Promover el crecimiento, la creatividad y la sana competencia dentro del mercado digital de los países de la UE.
DMA regula a las grandes corporaciones
Por su parte, la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas de Digital Markets Act) está enfocada en las grandes empresas digitales, para que exista una mejor y más sana competencia entre ellas, en los correspondientes mercados digitales.
En esencia, busca evitar que las grandes corporaciones tecnológicas abusen del poder que tienen en el mercado para limitar el emprendimiento de nuevos competidores. En palabras más coloquiales, se intenta impedir que los peces grandes se coman a los más pequeños.
La DMA también tiene muy bien marcados sus objetivos:
- Eliminar el dominio de las ‘gatekeepers’ (organizaciones con el poder para impedir el ingreso de otras empresas al mercado) en función de lograr un entorno empresarial más justo.
- Alcanzar mayor participación de empresas innovadoras y de startups de tecnología, para que puedan competir libremente en el mundo de las plataformas online.
- Lograr más ofertas de servicios digitales, más opciones para cambiar de proveedores, como sucede con otros tipos de servicios, y precios más competitivos.
- Limitar las ventajas competitivas y poder de los ‘gatekeepers’, quienes igualmente, podrán seguir innovando y ofreciendo nuevos productos, pero sin aprovecharse de ello en perjuicio de la competencia.
De acuerdo con la Comisión Europea, la Digital Service Act (DSA) y la Digital Market Act (DMA), tienen como fin primordial transformar las reglas de internet en los límites de las naciones de la Unión Europea, en beneficio de sus habitantes, y en favor de un mundo digital más seguro y justo para todos.
