LA HABANA – Cuba promulgó esta semana un nuevo código penal que activistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron el viernes que podría limitar aún más la libertad de expresión y sofocar las protestas en un momento de creciente descontento en la isla.
El código, una versión modificada de las regulaciones del país de 1987 aprobadas por el gobierno cubano en mayo, se difundirá entre periodistas, activistas de derechos humanos, manifestantes, usuarios de las redes sociales y figuras de la oposición.
Los cambios se producen en medio de un descontento cada vez más profundo en Cuba producido por el aumento de las crisis y mientras el gobierno continúa dictando duras sentencias a los participantes, incluidos menores, en las históricas protestas de 2021 en la isla.
Entre algunos de los cambios se encuentran aumentos en las penas mínimas y penas de prisión por cosas como «desorden público», «resistencia» e «insultos a los símbolos patrios».
El nuevo código también establece categorías penales para los delitos cibernéticos, diciendo que las personas que difundan cualquier información considerada falsa en línea pueden enfrentar hasta dos años de prisión.
También prohíbe la recepción y el uso de fondos destinados a financiar actividades «contra el Estado cubano y su orden constitucional», que según grupos de derechos humanos pueden ser utilizados contra periodistas independientes y grupos no gubernamentales. La condena puede llevar de cuatro a 10 años de prisión.
El gobierno describió el nuevo código como «moderno» e «inclusivo», señalando penas más duras para la violencia de género y la discriminación racial. Tras su aprobación, Rubén Remigio Ferro, presidente de la Corte Suprema cubana, dijo en la televisión estatal que el código no pretende reprimir, sino proteger «la paz social y la estabilidad de nuestra nación».
Pero los grupos de vigilancia de los derechos humanos, muchos de los cuales no tienen permitido ingresar a la isla, advirtieron sobre el nuevo código el viernes.
“Este es claramente un esfuerzo por proporcionar una vía legal para la represión y la censura y un esfuerzo de las autoridades cubanas por socavar el poco espacio cívico que hay en la isla y evitar la posibilidad de que los cubanos regresen a las calles”, dijo Juan Pappier, investigador principal. en Human Rights Watch en América Latina.
Pappier, junto con un informe de Amnistía Internacional, dijo que el código está «plagado de lenguaje demasiado amplio» que podría ser utilizado por las autoridades cubanas para castigar más fácilmente a la disidencia.
Cuba se ha enfrentado a importantes críticas internacionales por su trato a los manifestantes en manifestaciones antigubernamentales en julio de 2021.
Un total de 790 participantes en las protestas están siendo procesados por sedición, ataques violentos, desórdenes públicos, hurto y otros delitos, según los últimos datos difundidos en enero por la Fiscalía General de Cuba.
Más de 500 están cumpliendo penas de prisión, según cifras de la organización opositora Justicia 11J, que defiende a los procesados o cumpliendo penas de prisión en relación con las protestas.
