Un tribunal de apelaciones guatemalteco anuló un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ordenar la liberación de tres ex militares de alto rango condenados por crímenes de lesa humanidad.
PorSONIA PÉREZ D. Associates Press
CIUDAD DE GUATEMALA — Un tribunal de apelaciones de Guatemala anuló el viernes un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ordenar la liberación de tres ex soldados de alto rango condenados por crímenes de lesa humanidad.
En marzo, la corte regional de derechos humanos suspendió la liberación de los presos “para evitar daños irreparables al derecho de acceso a la justicia de las víctimas”.
No es la primera vez que las autoridades guatemaltecas se burlan de las sentencias judiciales: han sido condenados por hacerlo 14 veces antes. La sentencia original de 2018 de los hombres se produjo como resultado de una condena de 2004 por parte de la corte de derechos, que reprendió décadas de impunidad en un caso centrado en la desaparición forzada y violación agravada de miembros de la familia Molina Theissen.
Pero es el primer caso que toman las autoridades guatemaltecas en una situación de liberación de presos ya condenados por delitos graves. También ocurre cuando los vigilantes advierten sobre el deterioro de la democracia y una creciente aceptación de las tendencias autoritarias en Centroamérica. En Guatemala, los críticos llegaron a acusar a las élites de tratar de “secuestrar el sistema de justicia de Guatemala” para obtener ganancias políticas.
Los ganadores de la sentencia de la corte de apelaciones son Francisco Luis Gordillo Martínez, Manuel Antonio Callejas y Callejas y Manuel Benedicto Lucas García.
En 2018, los hombres fueron condenados a entre 33 y 58 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, la desaparición forzada de un niño de 14 años y la violación violenta de su hermana.
A pesar del fallo del viernes, los hombres aún no han sido liberados de prisión mientras esperan el juicio de otros dos casos en su contra por delitos de genocidio y desaparición forzada.
Aún así, Jovita Tzul, abogada de la familia Molina Thiessen, rechazó la decisión final de la corte de apelaciones como «una resolución lamentable, que genera serios retrocesos en materia de derechos humanos».
