El gobierno de Nicaragua anunció la confiscación de propiedades pertenecientes a 222 opositores obligados a exiliarse en febrero tras ser detenidos por el régimen del presidente Daniel Ortega.
CIUDAD DE MÉXICO – El gobierno de Nicaragua anunció el viernes que confiscó propiedades pertenecientes a 222 opositores que se vieron obligados a exiliarse en febrero tras ser detenidos por el régimen del presidente Daniel Ortega.
Entre los sacados de prisión y obligados a abordar un vuelo a Estados Unidos el 9 de febrero se encuentran siete excandidatos presidenciales, abogados, activistas de derechos humanos, periodistas y exmiembros de la guerrilla sandinista.
El sistema judicial escribió en un comunicado que las figuras de la oposición fueron declaradas «traidores a la patria». También se les está despojando de su ciudadanía, medidas que han sido criticadas como un ejemplo de destierro, en contradicción con las normas internacionales.
El comunicado afirma que los disidentes perdieron sus derechos de propiedad y cualquier participación en empresas en Nicaragua después de ser condenados por «cometer actos contra la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la nación». Estos juicios a menudo se apresuraron y concluyeron en cuestión de horas dentro de los muros de la prisión.
Tamara Dávila, una de los 222 opositores exiliados, dijo que la confiscación «es completamente ilegal desde cualquier punto de vista».
“En términos políticos, solo muestra que el régimen está en declive y tiene que recurrir al robo para mostrar fuerza”, dijo.
En febrero, el régimen de Ortega despojó de la ciudadanía a 94 opositores políticos, incluidos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quienes se encuentran en el exilio pero no se encontraban entre los llevados a Estados Unidos.
Miles han huido al exilio desde que las fuerzas de seguridad de Nicaragua reprimieron violentamente las protestas masivas contra el gobierno en 2018. Ortega dice que las protestas fueron un intento de golpe respaldado por extranjeros, cuyo objetivo era derrocarlo y alentar a las naciones extranjeras a aplicar sanciones a miembros de su familia y gobierno.
En el período previo a la reelección de Ortega en noviembre de 2021, las autoridades nicaragüenses arrestaron a siete posibles candidatos presidenciales de la oposición para despejar el campo. El gobierno también cerró cientos de grupos no gubernamentales que Ortega acusó de tomar fondos extranjeros y usarlos para desestabilizar a su gobierno.
España ofreció su ciudadanía a los 222 exiliados, mientras que Estados Unidos concedió a los nicaragüenses una protección temporal de dos años.
