Nicaragua ha ordenado el cierre de la Cruz Roja del país, poniendo fin a una represión en la que el gobierno ha expulsado a órdenes religiosas, organizaciones benéficas y grupos cívicos.
CIUDAD DE MÉXICO – Nicaragua aprobó el miércoles una ley para cerrar la Cruz Roja del país, coronando una represión que ha llevado al gobierno a expulsar órdenes religiosas, organizaciones benéficas y grupos cívicos.
La Asamblea Nacional votó para cerrar la Cruz Roja de Nicaragua, acusándola de «ataques a la paz y la estabilidad» durante las manifestaciones antigubernamentales en 2018. La Cruz Roja local dice que solo ayudó a tratar a los manifestantes heridos durante las protestas.
La asamblea, dominada por el partido Sandinista del presidente Daniel Ortega, ordenó al Departamento de Salud del país crear «una nueva Cruz Roja de Nicaragua». No está claro cómo el sobrecargado sistema de salud del país obtendrá el dinero para hacer esto.
La Cruz Roja actual, fundada en 1958, se financia en gran parte con donaciones internas. La nueva ley también confiscará las propiedades de la Cruz Roja en Nicaragua y se las entregará al gobierno.
Los grupos de derechos humanos estiman que durante la represión del gobierno contra las protestas de 2018, 355 personas murieron y hasta 2000 resultaron heridas.
Desde entonces, la represión ha encarcelado o exiliado a casi toda la oposición organizada del país y ha ilegalizado o clausurado más de 3.000 grupos cívicos y organizaciones no gubernamentales.
Muchos de estos grupos brindaron atención médica o servicios sociales en un país empobrecido donde los servicios gubernamentales no pueden satisfacer las necesidades de la gente.
El gobierno de Ortega ha cerrado grupos cívicos que van desde un centro ecuestre hasta la Academia de Letras de Nicaragua de 94 años.
Ortega acusó a grupos cívicos y activistas de la oposición de trabajar con intereses extranjeros en un intento de derrocar a su gobierno.
En abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua luego de que el gobierno del país propusiera suspender las relaciones diplomáticas.
Dos congregaciones de monjas, incluidas las Misioneras de la Caridad fundadas por la Madre Teresa, fueron expulsadas de Nicaragua el año pasado.
El destacado obispo católico Rolando Álvarez fue sentenciado a 26 años de prisión el mes pasado luego de negarse a abordar un avión que llevó a 222 disidentes y sacerdotes al exilio en los Estados Unidos. También fue despojado de su ciudadanía nicaragüense.
